En caso de empleo ilegal, la ley traslada la carga fiscal del trabajador al empleador. Explicamos este mecanismo, sus límites y por qué la legalización es más segura y más barata.
1. Quién paga el impuesto en el empleo ilegal
La ley prevé un mecanismo especial: los ingresos del trabajador por empleo ilegal pueden estar exentos del IRPF (PIT) por parte del trabajador, trasladándose la carga fiscal y las consecuencias adicionales al empleador (art. 21, apdo. 1, punto 151 de la Ley del PIT junto con las disposiciones relacionadas).
2. Consecuencias para el empleador
Además de las consecuencias fiscales, el empleador asume el riesgo de sanciones por encomienda ilegal de trabajo y de cotizaciones. Por tanto, económicamente el empleo ilegal suele ser mucho más caro que la legalización.
3. La situación del trabajador
La exención de los ingresos pretende proteger al trabajador, pero no elimina otros riesgos, entre ellos los relativos a la legalidad de la estancia y a futuros procedimientos. Un extranjero debe procurar una base legal para el trabajo.
4. Recomendación
Mostrar más: por qué el empleo ilegal no compensa
Por qué no compensa
El empleo ilegal acumula riesgos: fiscales (atribución de los ingresos al empleador), de cotizaciones (cotizaciones atrasadas), sancionadores (multa de hasta 50 000 PLN) y de residencia. La suma de estos riesgos suele superar con creces el coste de la legalización.
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Comprobaremos la base del trabajo, las declaraciones y las liquidaciones, señalaremos los riesgos fiscales y de cotizaciones y la vía hacia la legalización plena.
Reserve una consulta gratuitaNota legal: este artículo tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Estado legal: 2026 (Ley del IRPF de 26 de julio de 1991, entre otros el art. 21 ap. 1 pto. 151; disposiciones sobre la asignación de trabajo a extranjeros).
Fuentes: la Ley del PIT, incl. art. 21, apdo. 1, punto 151; Ley de 20 de marzo de 2025, Boletín de Leyes 2025 pos. 621; podatki.gov.pl. El análisis anterior es de elaboración propia; conviene verificar las disposiciones citadas en el texto vigente de la ley antes de actuar.